La nueva oferta de empleo público será similar a la de 2024: más de 40.000 plazas

Sin embargo, el Gobierno aún no ha puesto cifras concretas encima de la mesa y ha retrasado comunicar el número final hasta el próximo encuentro que mantendrán el lunes, según informaron fuentes sindicales a este periódico.

El Gobierno lleva cuatros años aprobando ofertas de empleo público históricas y se prevé que este año, además cuando está viviendo su momento más delicado por los casos de corrupción, haga lo mismo. Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó a principios de julio del año pasado un total de 40.146 plazas para 2024, de las que más de 30.000 eran para funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), la mitad de turno libre, y se reservó un 10% de cupo de reserva para discapacidad. Por otra parte, 31.465 puestos correspondieron a la Administración General del Estado y el resto se repartió entre el Cuerpo Nacional de Policía (2.857), la Guardia Civil (3.158) y las Fuerzas Armadas (2.666).

El departamento dirigido por Óscar López reconoció recientemente a los sindicatos que en los últimos diez años se ha producido una pérdida neta de 20.046 empleos público a consecuencia de la tasa de reposición, que no se ha eliminado aún a pesar del compromiso realizado por José Luis Escrivá cuando era ministro del ramo.

Plantilla envejecida

La necesidad de incorporar empleados a la Administración es acuciante, tal y como este mismo jueves ha advertido la OCDE, que en un informe ha reprendido a España por tener la plantilla más envejecida de la OCDE, solo por detrás de la de Italia. Así, prácticamente la mitad de los funcionarios tiene más de 55 años, por lo que en la próxima década se prevé una oleada de jubilaciones.

Es más, CSIF resalta que el 21% de la plantilla de la Administración General del Estado (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y, por tanto, se encuentran en edad de jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía, tan esenciales por el cobro de las prestaciones a través de la Seguridad Social o el SEPE.