UGT reclama a Europa que exija al Gobierno cumplir con la reforma del despido

La inacción de Moncloa ha llevado a UGT a solicitar nuevamente el amparo de las autoridades comunitarias. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el sindicato recuerda que España continúa sin cumplir con las obligaciones establecidas en la Carta Social Europea. «El Estado español, a través de todos sus poderes públicos, en especial el legislativo, pero también el ejecutivo y el jurisdiccional, está obligado al cumplimiento efectivo y sin demora de estas obligaciones», señala el documento elaborado por el equipo de Pepe Álvarez.

A mediados del año pasado, el CEDS indicó que el sistema de despido debe tener en cuenta el daño real sufrido por las víctimas y las circunstancias individuales de cada caso. Asimismo, instó al Gobierno a revisar y modificar la legislación vigente para adaptarla a la Carta Social Europea, suscrita por España. La recomendación, hecha pública a finales de 2024, exigía su cumplimiento efectivo. Moncloa recogió el guante meses antes, incorporando la modificación en el plan anual normativo de 2025, mediante una reforma legal orientada a establecer «garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral».

Sin embargo, en su nueva queja, UGT advierte que esa propuesta «es muy vaga y no se especifica que, entre las garantías para cumplir con la Carta, se incluya la reforma de las indemnizaciones, la recuperación de los salarios de tramitación, ni mucho menos la posibilidad de readmisión de la víctima del despido injusto». Además, recuerda que una medida similar ya se incluyó en el plan normativo de 2024.

Frente a esta situación, el sindicato solicita al Consejo de Europa que inste al Estado español a garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a recibir una indemnización adecuada o una reparación apropiada.

Para que este derecho se haga realidad, UGT propone que se incluyan, entre otras medidas, los salarios de tramitación dentro de las compensaciones por despido improcedente. Estos salarios representan el reembolso de las pérdidas económicas sufridas por el trabajador desde la fecha del despido hasta la resolución del recurso por parte del órgano competente. Asimismo, el sindicato reclama la posibilidad de readmisión del trabajador afectado y una compensación económica «lo suficientemente elevada como para disuadir al empleador y reparar el perjuicio sufrido por la víctima».

Tras la primera resolución, el Ministerio de Trabajo indicó que convocaría a los agentes sociales para abordar una reforma del coste del despido, pero dicha convocatoria aún no se ha realizado. Según el departamento que dirige Yolanda Díaz, el Ejecutivo está a la espera de una segunda resolución —en este caso, derivada de una reclamación de Comisiones Obreras sobre la misma materia— para tener ambas en cuenta antes de actuar.