El Gobierno ultima ya una nueva oferta de empleo público récord para este año

El Ministerio de Función Pública se ha dirigido al conjunto de organismos y ministerios de la Administración General del Estado para empezar a diseñar la oferta para este año para dar respuesta a las necesidades que afectan a todos los ámbitos, algunos tan fundamentales y en situación tan precaria como el SEPE, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, según explico este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un encuentro con los medios de comunicación.

El Gobierno negociará esta nueva oferta en junio con los sindicatos y confía en mantener plazos similares a los del año pasado, lo que significaría que a principios de julio podría ya estar aprobada la nueva oferta de empleo público que también se espera récord, después de cuatros años consecutivos alcanzado niveles históricos. Concretamente, el Consejo de Ministros convocó más de 40.000 nuevas plazas para 2024, de las que más de 30.000 eran para funcionario de la Administración General del Estado (AGE), la mitad de turno libre, y se reservó un 10% de cupo de reserva para discapacidad. Esta cantidad podría superarse después de que el Ejecutivo haya reconocido a los sindicatos que en la última década se ha producido una pérdida neta de 20.046 trabajadores públicos, según explica CSIF.

Además, el sindicato advierte que el 21% de la plantilla (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y, por tanto, se encuentran en edad de jubilación, lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Elevada temporalidad

Por otra parte, el mantenimiento de la actual tasa obligará a las diferentes administraciones a contratar personal interino, perpetuando el problema de la temporalidad que sigue estancada en el 30%, incumpliendo la Ley de Estabilidad y el mandato de la Comisión Europea de limitarla al 8 por ciento.

Además, el conjunto de las administraciones públicas (incluyendo comunidades, diputaciones, ayuntamientos) ha perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año -según la última Encuesta de Población Activa-, como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, una cifra que supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la AGE.

Al mismo tiempo el ministerio trabaja en una reforma de la Administración para clasificar a la plantilla en áreas funcionales, lo que supondría diseñar un plan de recursos humanos e identificar los puestos para determinar las necesidades en la oferta de empleo público, algo que aplaude CSIF.

Pero lo que sí criticó CSIF fue el bloqueo «absoluto» que está provocando la última reforma de las pensiones en las jubilaciones parciales voluntarias de los funcionarios, de forma que desde el pasado 1 de abril ningún empleado público puede acceder a este retiro gradual y ventajoso, ni siquiera el personal estatutario, que era el que tenía derecho hasta ahora. La ‘culpa’ está en las condiciones que se han impuesto para el trabajador relevista, que debe ser dado de alta con un puesto indefinido y a tiempo completo, algo que ha paralizado las contrataciones y jubilaciones.