Las constructoras apremian al Gobierno a regularizar inmigrantes para cubrir el déficit de 700.000 trabajadores

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén -que fue reelegido en dicha asamblea-, puso sobre la mesa la situación actual del sector en materia laboral: la construcción emplea actualmente a 275.000 extranjeros, el 20% del total de los afiliados del sector, donde el 70% de ellos proviene de países de fuera de la UE. Por ello, pidió una «nueva normativa que permita traerles de forma digna» y a través de cursos de formación. Señaló además que es necesario mejorar la empleabilidad de las mujeres en el sector y acercar la construcción a los jóvenes para reducir la tasa de paro juvenil que en España es la más alta de la eurozona.

En cifras, Fernández Alén aseguró que hace falta la construcción de 220.000 casas nuevas al año durante los próximos cinco años para «comenzaría a aliviar» el «gran problema» de España. Este ritmo cogería «velocidad de crucero» de 150.000 viviendas anuales en el próximo lustro, según sus cálculos.

En presencia de la ministra de Vivienda, lamentó la «grave confrontación» que hay entre el Gobierno central y algunas comunidades y pidió que Isabel Rodríguez «asuma la coordinación» entre todos los ministerios implicados en la construcción de vivienda a la vista del «problema de falta de mano de obra» y la «poca agilidad de la normativa de contratos públicos».

Por su parte, la ministra aseguró que la nueva empresa pública de vivienda, que se asienta sobre las bases de la actual entidad estatal de suelo Sepes, licitará de forma «inminente» la construcción de sus primeras 1.600 viviendas, obras que se sumarán a las de urbanización previstas en el nuevo barrio de Campamento, en Madrid.

«Sepes será un acelerador de lo que ya están haciendo otras administraciones públicas. Estamos trabajando en una licitación inminente a la que ustedes concurrirán (dirigiéndose a las constructoras) de más de 1.600 viviendas públicas en toda España», señaló Rodríguez durante su intervención en la apertura de la asamblea general CNC.

Por su lado, el ministro Óscar Puente puso en valor los 1.000 millones de euros ejecutados en España en 2024, una cifra récord desde el año 2011. «La inversión pública en materia de infraestructuras nos ayuda a ser un país más conectado, por tanto menos desigual y más competitivo», destacó. Reiteró que la inversión en infraestructuras tiene que ir bien dirigida y exigir a las administraciones territoriales «que también paguen sus promesas».