CSIF registra una petición formal para que el Gobierno negocie una subida salarial y abone los retrasos pendientes

«Estamos a mediados de mayo y, a diferencia del resto de trabajadores, los empleados públicos seguimos con los salarios congelados y sin recibir la subida pendiente de este año. Esto es una injusticia», afirma Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Lama también ha criticado la actitud del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a quien acusa de estar «más centrado en su carrera política» que en negociar un nuevo acuerdo retributivo con el colectivo.

1.200 millones retenidos

El sindicato estima que la congelación salarial supone una retención de 1.200 millones de euros para el conjunto de empleados públicos, tomando como base las retribuciones medias actuales.

A pesar de la falta de Presupuestos Generales del Estado, CSIF recuerda que el Gobierno tiene mecanismos para aplicar al menos el 0,5 % adicional mediante un Real Decreto-ley, como ya se hizo en 2020, 2022 y el pasado marzo con el personal militar.

Según sus cálculos, los empleados públicos han perdido un 8,2 % de poder adquisitivo desde el último acuerdo salarial. Una cifra que se eleva hasta casi el 20 % si se compara con los recortes aplicados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Desde CSIF exigen una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo y la apertura urgente de negociaciones para recuperar los derechos económicos de los trabajadores públicos.

«El Gobierno pone de ejemplo a los empleados públicos y alaba su profesionalidad cada vez que hay una crisis y, sin embargo, los tiene abandonados. Por eso, exigimos al presidente del Gobierno que dé las instrucciones para que, de manera inmediata, se proceda al abono de la subida salarial pendiente desde el año 2024 y se siente a negociar un nuevo acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleados públicos», ha defendido Lama en las inmediaciones del Palacio de La Moncloa, donde ha acudido a registrar esta queja formal.

Ante esta «parálisis» del Gobierno, CSIF reclama negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición; la implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado; implementar el teletrabajo en todas las administraciones, y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, entre otras reivindicaciones.

En caso de no sentarse a negociar, Lama advierte de que CSIF seguirá adelante con las movilizaciones, sin descartar «ningún tipo de medida de presión».