España cuadruplica el nivel de interinos pactado con Bruselas y se enfrenta a una multa millonaria

Así lo denunció este jueves CSIF en una rueda de prensa en la que también anunció que llevará a cabo una «gran protesta» en toda España –a la que pedirá que se sumen también CC OO y UGT– para que el Ejecutivo acceda a negociar la nueva subida salarial pendiente de los funcionarios, que siguen con los sueldos congelados en 2025 y además sin cobrar aún el incremento variable pendiente del pasado año (un aumento del 0,5%) y los atrasos de todo el ejercicio 2024 junto a las cinco mensualidades de 2025.

«Los empleados públicos estamos completamente abandonados por este Gobierno, que no hace nada. Seguimos sin Presupuestos Generales, sin oferta de empleo público y sin eliminar la tasa de reposición», se lamentó en una rueda de prensa Miguel Borra, presidente del sindicato, que recalcó: «Ha llegado el momento de una gran movilización en toda España».

CSIF ofreció este jueves una detallada estadística del estado actual de la temporalidad en la Administración Pública. De sus números se desprende que España cuadruplica el límite acordado con Europa, puesto que se sitúa en el 35,5%, según los últimos datos (de julio de 2024) publicados por el Ministerio de Función Pública, aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) lo rebaja al 28% en el primer trimestre de este año.

Es más, este porcentaje se eleva hasta el 50% en un sector con un disparatado número de interinos como es la sanidad, y roza también este nivel entre el personal de las universidades autonómicas (49,53). Es decir, que la mitad de los médicos de la sanidad pública y profesores universitarios tienen contratos inestables, con fecha de caducidad. También casi la mitad de los trabajadores de los ayuntamientos y administraciones locales son interinos (un 43,15%), según el estudio de CSIF.

Un tercio de plazas sin estabilizar

Salvo la Administración General del Estado (AGE), donde la temporalidad se sitúa en el 9,41%, el resto de administraciones supera con creces tasas por encima del 30%: un 31,75% en la justicia, un 33,4% en la enseñanza no universitaria, un 38,5% en las Comunidades Autónomas… Además, CSIF advierte de que un total de 8.132 municipios, casi el 40% de todos los ayuntamientos españoles, no han facilitado al ministerio de Función Pública sus cifras de temporalidad.

Para este sindicato, esta eventualidad del 30% –que le reconoció el propio departamento liderado por Óscar López en su última reunión– es una «evidencia» del «fracaso» de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las administraciones públicas y se comprometió a dejarla en el 8% a finales de 2024.

Así, se han ofertado un total de 544.151 plazas en los últimos cuatro años y se han logrado estabilizar a más de 330.000, mientras que casi un tercio están sin cubrir, según los datos oficiales consultados por CSIF.

El problema, además –según denuncia el sindicato–, es que las administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales para cubrir vacantes, puesto que sigue vigente la tasa de reposición.