El control de jornada encara la vía rápida de aprobación con dudas sobre su viabilidad y legalidad

Desde Trabajo sostienen que con un registro «eficaz» que permita a la Inspección de Trabajo hacer un control «masivo» y «cotidiano» a las empresas, la jornada efectiva de trabajo puede, incluso, bajar más de lo que se iba a lograr con la rebaja de jornada a 37,5 horas.

El endurecimiento del registro presenta varios cambios clave frente al sistema actual. Por un lado, será digital y objetivo, de manera que el fichero será verificable en tiempo real. Este se aplicará a todos los registros de jornada, ya sean ordinarias, extraordinarias, flexibles o complementarias en el tiempo parcial. Por otra parte, la empresa no podrá modificar los registros sin el consentimiento del trabajador. Cada empleado tendrá acceso inmediato a su propio registro. Y, en último lugar, la Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto en todo momento y con un solo clic podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada. De manera contraria, la inspección multará a la empresa.

Díaz, a diferencia del día en que el Consejo de Ministros inició los trámites administrativos para introducir la jornada de 37,5 horas semanales en febrero, no compareció en la rueda de prensa posterior, pero celebró la medida en un vídeo difundido a la prensa. Según sus cálculos, en España se hacen más 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada siete días. «Es dinero y tiempo que es vuestro, que os pertenece y que ahora vamos a proteger», defendió.

Respaldo sindical

Los sindicatos han celebrado este paso que agilizará la tramitación de la norma pero insta al Gobierno a que el real decreto recoja la «literalidad del texto recogido en la propuesta de ley» que pactaron con el Ministerio de Trabajo sin la patronal en diciembre de 2024 y que en lo referido al control y registro horario y desconexión digital no requiere modificación legislativa, recuerdan desde CC OO.

El líder sindical de UGT Pepe Álvarez considera que hay un «margen de negociación» para que se pueda implementar, sobre todo a través de los convenios colectivos. «Quien cumple no tiene por qué tener miedo», sentenció.

El departamento de Díaz es consciente de que la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma. Uno de los aspectos que más fricción han generado ya con los empresarios es el posible impedimento de esta iniciativa por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos si a partir de ahora, como recoge el real decreto, los inspectores pueden acceder por iniciativa propia a los datos privados sobre la entrada y salida del trabajador, así como su repercusión en la nómina, con las horas extras y otros conceptos personales. Fuentes del ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos «como en cualquier otra circunstancia» y recalcan que el registro ya está en la ley y es obligatorio. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a su finalidad», indican.