Díaz propone fijar por ley una subida del salario mínimo nunca inferior al 60% del salario medio

Así, el Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa del diálogo social un borrador de texto para indexar el SMI, como mínimo, al 60% del salario medio. Lo hace a las puertas del Primero de Mayo y cuando este martes llevará al Consejo de Ministros por segunda vez el proyecto de ley para reducir la jornada, además en un escenario en el que Sumar no atraviesa su mejor momento político y en el que incluso se rumorea que hay tensiones dentro del Gobierno de coalición.

El documento que ya tienen los sindicatos y empresarios en sus manos establece que la renta legal más baja de España se fije de forma automática cada año en función de unos parámetros pero que, además, sea «en todo caso igual o superior al sesenta por ciento del salario medio neto en España», según recomienda la Carta Social Europea.

En la actualidad el Gobierno tiene la potestad de decidir cada año el nuevo SMI, previa consulta a los agentes sociales, basándose en cuatro parámetros: la inflación, la productividad, la coyuntura económica y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Díaz mantiene estos cuatro factores para tener en cuenta pero los precisa y amplía. Así, además del IPC, aboga por incorporar en el nuevo modelo de cálculo también el poder adquisitivo y, además, exige que el nuevo salario mínimo tenga la «garantía de un nivel de vida digno» y suponga un «incremento de la cohesión social y de la convergencia social al alza, atendiendo al fenómeno de la pobreza laboral», según recoge el texto de seis páginas a las que ha tenido acceso este periódico.

Además, defiende que «los aspectos distributivos atenderán especialmente a los salarios más bajos y considerarán el impacto del sexo». Igualmente, se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

Intereses políticos

A su vez, fija por ley la obligación de que la Comisión Asesora para analizar el SMI envíe previamente al Gobierno un informe antes de decidir la nueva cuantía y mantiene la obligación de solo consultar a los agentes sociales antes de fijar el nuevo salario.

La CEOE ya ha manifestado su «rotundo» rechazo a este nuevo modelo de cálculo del SMI que –precisa- «no responde a razones sociales ni económicas, ni a normativas o mandatos europeos, sino una vez más, al igual que la propuesta de reducción de jornada, al pacto de coalición entre Sumar y PSOE». En un comunicado firmado por ATA pero que suscribe la organización liderada por Antonio Garamendi, la patronal carga contra Díaz por volver a socavar el diálogo social al tratar de «incidir de nuevo, directamente, en la esencia de la negociación colectiva que ya se está viendo ralentizada en los últimos meses».