El Ejecutivo sigue retrasando el pago de la subida del 0,5% a los funcionarios

«No hay instrucciones ni para el abono ni para iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo de legislatura», aseguran fuentes de la mesa a este periódico. Según sus cálculos, el Gobierno adeuda 498 millones de euros a los tres millones de empleados públicos por el incremento del 0,5% que aún no se ha aplicado. A esta cifra se suman otros 126 millones vinculados a la subida mínima del 1,9% correspondiente al IPC, lo que supone unos 42 euros por funcionario hasta mayo. «El Gobierno está reteniendo 624 millones de euros», denuncian.

En paralelo, tras nuevas presiones sindicales y varias movilizaciones, el sindicato CSIF ha logrado cerrar un plan con el Ejecutivo para eliminar desigualdades dentro de la Administración. El documento contempla una auditoría salarial centrada en reducir la brecha entre hombres y mujeres, que actualmente se sitúa en el 10,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El acuerdo también refuerza la conciliación familiar, al incorporar nuevos derechos para el personal destinado en el exterior. A partir de ahora, se dará prioridad en los concursos al cónyuge o pareja de hecho del personal desplazado fuera del país, con el objetivo de evitar rupturas familiares. Asimismo, se avanzará en la reforma de las excedencias por agrupación familiar y en la ampliación de la jornada intensiva de verano para quienes tengan personas mayores dependientes a su cargo.

Otro de los puntos acordados se refiere al cuidado de menores con enfermedades graves, como el cáncer. Los empleados públicos con hijos en esta situación podrán reducir su jornada al menos un 50%, incluso si uno de los progenitores no trabaja.

Este jueves, la mesa de negociación abordará la oferta de empleo público prevista para 2025.

La reunión de hoy en la Mesa General de la AGE retoma la negociación con Función Pública, tras las movilizaciones de CSIF. Mañana, se abordará la oferta de empleo público para 2025, en la que exigimos eliminar la tasa de reposición para reducir la temporalidad y reforzar las plantillas. Además, exigimos aprobar cuanto antes el 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2024 que todavía nos deben y negociar un nuevo acuerdo salarial para los próximos años que permita aplicar la subida de este año.

El plan acordado hoy pretende eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la Administración, impulsando la presencia equilibrada de la mujeres y hombres en todas las escalas y categorías garantizando en la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo. El documento hará especial énfasis en la brecha salarial, impulsando una auditoría de salarios, así como las medidas de conciliación.

Así, por primera vez en la AGE se realizará un estudio completo de la brecha salarial. Esta medida se acompaña de un plan de actuación vinculante para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño, e incluye la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha.

Este mismo eje también aborda la representación equilibrada en la alta dirección, con una monitorización anual de los puestos de niveles 28 y 30, así como de otros cargos directivos, para garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Entre los 20 objetivos y 45 medidas que recoge el acuerdo, destaca en el ámbito de la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo el refuerzo de los protocolos mediante la formación obligatoria del personal y la mejora de la asesoría confidencial, que contará con cobertura geográfica completa y formación certificada para quienes la integran. CSIF ha sido clave para incluir esta medida en el acuerdo.

BRECHA SALARIAL EN LA ADMINISTRACIÓN

CSIF ya avisó de que en las administraciones públicas, un ámbito que debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es de 32.137 euros, frente a los 35.908 euros que cobran los hombres de media (un 10,5 por ciento inferior). Esta diferencia se ha incrementado en dos puntos respecto al año anterior, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (2021).

La propia Administración del Estado reconoce que pese a que las mujeres superan a los hombres en las oposiciones (un 55 por ciento de los ingresos), se evidencia una mayor concentración femenina en los niveles inferiores de la estructura profesional de los funcionarios. La tendencia se invierte en personal laboral, donde se observa una mayor presencia femenina en los niveles de mayor cualificación de estudios.

El plan también detecta segregación horizontal, observándose una notable predominancia femenina (por encima del 70 por ciento) en Derechos Sociales, Sanidad, Igualdad o Educación, frente a Transportes, transición ecológica, Interior, Defensa o Presidencia (presencia femenina por debajo del 50 por ciento).

Los datos disponibles también muestran que el 76,3% de las excedencias por cuidado familiar fueron solicitadas por mujeres, lo que indica la persistencia de roles de género en la distribución de responsabilidades domésticas. Se recomienda incentivar el uso equitativo de estos permisos para favorecer un cambio cultural en la organización del trabajo y en la vida personal.

MEJORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS CON ENFERMEDADES GRAVES

En la mesa de negociación también se ha llegado a un acuerdo para mejorar el cuidado de hijos con cáncer y otras enfermedades graves. Las personas con hijos a su cargo en esta situación podrán reducir la jornada como mínimo un 50 por ciento, también en el caso de que uno de los dos progenitores no trabaje.

Esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas cuando no se alcance a dar respuesta a las necesidades del cuidado y el procedimiento se deberá resolver en quince días hábiles, para responder con agilidad a este tipo de situaciones.

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo para adaptar los medios y tiempos que necesitan las personas con discapacidad para acceder al empleo público. Se trata de poner a disposición de estas personas medios materiales y humanos; productos de apoyo; tecnologías asistidas; accesibilidad de la información y de la comunicación; espacio físico; tiempo adicional para realizar los ejercicios, entre otros ajustes.