El Gobierno aprueba mañana el estatuto del becario sin visos de superar el Congreso

La norma ha estado meses en el cajón al ser blanco de críticas de la patronal -que rechazó dar su apoyo-, de la comunidad universitaria, de la oposición e incluso de parte del Gobierno, puesto que desde el ala socialista no veían con buenos ojos una norma que consideraban estaba inmadura y que, además, no tiene visos de superar el Congreso, con lo que podría revivirse una situación de naufragio como sucedió con la reducción de jornada.

Sin embargo, este largo periodo de parálisis no ha servido para hacer cambios en el texto, que llegará este martes al máximo órgano de gobierno tal y como fue acordado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y CC OO y UGT.

Así, la nueva norma establece un régimen sancionador «efectivamente disuasorio» -según consideran los sindicatos- que impondrá sanciones de hasta 225.000 euros a las empresas que abusen de los estudiantes en prácticas o los discriminen. El texto, que limita además las horas que podrá trabajar este colectivo, incluye una definición clara de las prácticas para evitar fraudes y una compensación económica a los estudiantes de los gastos que acarree la actividad laboral, como pueden ser los desplazamientos.

Máximo 480 horas de prácticas

Más concretamente, el anteproyecto de ley permitirá mantener todas las prácticas universitarias siempre que cumplan dos requisitos: tendrán que estar vinculadas a los estudios que estén cursando (actualmente no existe este requisito y pueden trabajar en cualquier empresa) y las acota a una duración máxima: que no superen el 25% por curso académico del tiempo del total de créditos de la titulación en cuestión y un máximo de 480 horas por curso.

El Estatuto del Becario establece un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo, las sanciones irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.

Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.

Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Otra novedad que recoge esta norma es la obligación de las empresas de compensar los gastos en los que tengan que incurrir los estudiantes para desarrollar su actividad laboral, tales como desplazamiento, alojamiento o manutención.