El Gobierno levantará un nuevo escudo laboral: ERTE al 100%, teletrabajo y cero despidos

«Estamos terminando un ‘escudo laboral’ para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunidad Valenciana, para salvar todo el tejido productivo valenciano, directo e indirecto, todas las empresas y todos los puestos de trabajo afectados, directos e indirectos, y a todas las personas autónomas», anunció este lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa desde Valencia, en la que avanzó que todas estas medidas –que se aprobarán al menos la mayoría en el Consejo de Ministros de este martes– tendrán efecto retroactivo desde el pasado martes, 29 de octubre, el día de la catástrofe.

Los ERTE volverán a ser una herramienta clave para salvaguardar la actividad de las empresas y el empleo de todos los trabajadores afectados y gozarán de más ventajas que ahora. Así, contarán con una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social (frente a la exoneración actual del 90%) y cualquier trabajador podrá acogerse sin consumir la prestación por desempleo y sin exigir un periodo mínimo de cotización. «Van a estar amparados, que no tengan temor», aseguró Díaz. Eso sí, en contrapartida, se volverá a instaurarse la prohibición a despedir que ya operó en la pandemia.

A su vez, Díaz avanzó que para los empresarios se incoporarán un cúmulo de medidas que tienen que ver con los plazos de cotizaciones sociales, de liquidaciones o de cuotas, al igual que el mecanismo desarrollado durante la covid-19.

Adicionalmente, se aconseja el teletrabajo para los que no se puedan desplazar y se reactivará el ‘Plan Me Cuida’ que permitirá a los trabajadores adaptar su jornada laboral o reducirla hasta el 100% para conciliar.

Por su parte, los autónomos afectados por la DANA podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de contar con la cotización mínima exigida para poder acceder a ella, que normalmente es de 12 meses cotizados, y cobrarán el 70% de su base reguladora. Además, los días de prestación consumidos no se computarán de cara a situaciones futuras, lo que se denomina ‘contador a cero’, y se dará este tiempo por cotizado.

Sin embargo, desde las principales asociaciones de autónomos este escudo no les parece suficiente y exigen al Gobierno poner en marcha de manera inmediata ayudas directas de hasta 12.000 euros para que los autónomos y las empresas puedan reanudar su actividad y reconstruir todo lo destruido por las inundaciones, una medida que también defienden los sindicatos CC OO y UGT. «Esto no es la covid. En la covid nos mandaron a casa, pero después la gente volvió a su trabajo, a su negocio, a su peluquería, y sus puestos de trabajo seguían intactos», argumentó Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y añadió: «No hay locales, ni maquinarias, ni ordenadores, el material está destrozado… Para la mayoría la situación es de desastre, de siniestro total, por lo que hay que ayudar en su reconstrucción».

Aplazamiento del pago del IRPF

Por ello, ATA reclama poner en marcha un plan de ayudas para la reconstrucción de los negocios afectados por la DANA, «porque los ERTE y la prestación por cese de actividad no serán suficientes para que los autónomos vuelvan a levantar sus negocios». «El escenario actual no tiene nada que ver con el que causó la pandemia, que no destruyó locales ni naves, y, por tanto, se necesita que a los ERTE y a la prestación por cese de actividad se les sumen ayudas directas a la reconstrucción de los negocios autónomos», defendió Amor.

Más concretamente, ATA plantea la concesión de ayudas directas urgentes de hasta 6.000 euros para los autónomos individuales que soliciten la prestación por cese de actividad por fuerza mayor a fin de que pueda reconstruir su negocio y actividad. Los perceptores estarían obligados a mantener la actividad durante al menos 24 meses desde la concesión de la ayuda. Además, ATA propone que esta ayuda pueda llegar hasta los 12.000 euros si el autónomo ha mantenido una plantilla de dos trabajadores en el último año, con la obligación también de mantener empleo 24 meses posteriores a recibir la ayuda.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará este martes el aplazamiento del abono correspondiente a la declaración de la renta 2023 para aliviar la situación de los afectados por el grave temporal. La decisión afectará a 200.000 contribuyentes –según datos del Gobierno– a los que la declaración les salió a pagar y optaron por abonar sus obligaciones en dos pagos, el segundo de los cuales se efectuaba este 5 de noviembre.

Además, desde las patronales bancarias han anunciado que están trabajando en una moratoria de tres meses ampliables para préstamos a particulares, autónomos y pequeñas empresas. Se trata de una propuesta que desde las asociaciones AEB, CECA y Unacc ya han hecho llegar al ministro de Economía, Comercio y Empresa para su «articulación legal». También han anunciado que están en contacto con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para «perfilar otras medidas de apoyo a los damnificados».