El Gobierno supedita las ayudas del Perte de la vivienda a la construcción de casas asequibles

De los 1.300 millones de euros anunciados, 1.000 millones serán financiados con líneas ICO y otros 300 millones se destinarán a capitalizar empresas del sector que generen oferta y también demanda. Y fuentes del Ministerio de Vivienda confirman que a la parte del ICO solo podrán acceder las empresas que cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, el de destinar esa financiación ventajosa a la construcción de viviendas bajo criterios de asequibilidad.

Tal y como explicó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el plan tiene el objetivo de alcanzar una media de 15.000 viviendas industrializadas al año, recortando entre un 20% y un 60% el tiempo de fabricación. Sin embargo, aún quedan por detallar importantes puntos que sin duda marcarán el éxito del proyecto. Entre otras, si a las constructoras les compensará -en términos monetarios- acudir a las ayudas del ICO si uno de los requisitos es la venta a precio asequible.

Desde el Ministerio trasladan que esas ayudas totales de 1.300 millones de euros «se va a poner a disposición de las industrias para que puedan ser usados de manera inmediata y con la mayor rapidez posible». De momento, el Gobierno todavía debe firmar el convenio específico para el sector con el ICO, aunque fuentes del Ministerio señalan que todo se englobará dentro de líneas de financiación ya existentes, como la de ICO Verde o la de ICO emprendedores.

El Ejecutivo calcula que este Perte implicará un impacto 2,4 veces superior al volumen de inversión. «Por cada euro que invirtamos, habrá 1,4 euros privados. El futuro es alentador, la presdisposición de las empresas también lo es. La expectación en el sector es muy grande, saben de la necesidad para producir más con menor tiempo posible, con más calidad y reducción de la ineficiencia energética», indican desde el Ministerio.

En este punto, el Ejecutivo tiene pendiente la creación en los próximos días de dos mecanismos para desarrollar el proceso. Por un lado, una comisión con diez estructuras ministeriales representadas, que estará liderada por Vivienda, a quien acompañarán otros ministerios como Economía, Industria, Hacienda, Educación, Trabajo o la oficina económica del Gobierno.

Por otro lado, un espacio para desarrollar las alianzas público privadas necesarias para la implementación del Perte. «Tiene que haber un espacio con el sector, sindicatos, comunidades, entidades locales… para trabajar en los distintos instrumentos y políticas», indican fuentes del sector.

Retos

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el proyecto es la falta de suelo que sigue sufriendo el sector. De hecho, es posible que buena parte de estas nuevas casas pasen a formar parte del suelo de la empresa pública de vivienda -nacida sobre las bases del SEPES- que, además de integrar las viviendas de -entre otros- la Sareb, acaba de recibir cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para desarrollar casas de alquiler social o asequible a través de proyectos de colaboración público privada.

Ya se sabe también que Valencia acogerá la llamada «Ciudad de la Industrialización de la Construcción», donde se iniciará todo el proyecto, ubicado en suelo del Puerto de la ciudad que pertenecen a la Sociedad Entidad Estatal de Suelo (SEPES).

Tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el modelo de la vivienda industrializada es todavía minoritario en España, suponiendo apenas el 5% de la construcción total, frente al 20% que presentan Alemania o Países Bajos o el 10% en Reino Unido.

Ese retraso se debe, precisamente, a la falta de financiación para este tipo de proyectos, que están a medio camino entre la industria y la promoción de vivienda.

Retraso en las medidas

Fue el pasado 13 de enero cuando el presidente del Gobierno anunció el paquete de doce medidas «sin precedentes» que aún no han visto la luz para impulsar el acceso a la vivienda, uno de los problemas que en los últimos tiempos se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles.

Entre ellas, todavía deben pasar por el Congreso -sin tener claro aún que puedan aprobarse- la exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, así como la implantación de un IVA a los arrendamientos turísticos. Tampoco se ha aprobado aún la creación de un impuesto de hasta el 100% del precio de una casa a los extranjeros no residentes.