entrevista con Federico Anaya – Memoria

¿Quién es Federico Anaya Gallardo?¹

Me presento con alguna vergüenza, soy abogado y confieso que terminando mi carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM traté de escaparme del Derecho. Me fui a estudiar un Doctorado en Ciencias Políticas, tratando de escapar del formalismo jurídico y las interpretaciones más secas de la ley. Hubiera preferido, tal vez, si me hubieran avisado cuando estaba en la preparatoria, que podría ser antropólogo, pero no me dijeron que existía la antropología, o era yo muy ignorante sobre estos temas. Entonces estudié Derecho. 

Me escapo a ser politólogo, pero en 1994 estalla una rebelión en Chiapas, como todos ustedes saben, y en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, en San Cristóbal de las Casas no tenían abogados, porque la sociedad civil organizada no confiaba en los abogados, por formalistas, por estar en el campo social conservador, por no servir a la gente. Para la rebelión y para lo que vino después, necesitaban servicios jurídicos, abogados comprometidos. Me acuerdo haberle contestado a la compañera que me buscó, que estaban buscando un imposible, los abogados o abogadas comprometidas socialmente, no existen.

Necesitaba un tema de tesis para mi investigación doctoral en Ciencias Políticas y regreso a Chiapas, y ahí descubrí la utilidad popular del derecho. Entonces, fue una especie de reconciliación, ¿quién soy yo? un abogado que trató de escaparse del derecho y luego la realidad material, la organización social, me regresó a la práctica jurídica.

¿Cómo entiendes la Reforma Judicial?

Aquí hay una cosa, si la quieres ver en términos formalistas, extraña, porque somos una República democrática, liberal, desde 1857, entonces en teoría, todos los poderes públicos dimanan, dice la Constitución, del pueblo. Esto significa que los poderes tienen que ser electos por la gente, por el pueblo. En el origen del Estado nación mexicano y su organización liberal en 1857, la Corte también era electa, entonces, nuestra Constitución era muy congruente respecto a esto.

Durante el porfiriato empezaron a tener second thoughts, como dicen los gringos, y dijeron, “no, capaz que no es tan bueno que la Corte sea electa». Entonces en 1917 cambiamos la elección directa del poder judicial, y desde entonces, hasta el presente, 2025, han pasado cerca de 110 años, más de un siglo, que no hemos electo a nadie en el poder judicial. 

La propuesta de reforma judicial, pensábamos iba a ser solo la Corte electa popularmente, como era en su origen, pero resultó que es todo el poder judicial, es muchísimo más radical. Esto es equivalente a lo que te conté que me pasó en lo particular hace muchos años, o sea yo estaba feliz volviéndome politólogo y de repente, un movimiento popular me obliga a reencontrarme con el derecho. 

Aquí hay un movimiento popular, que es el obradorismo, es una realidad histórica, que primero logra conquistar el poder ejecutivo, luego el legislativo, y, a través de un debate muy extraño que es lo que provocó el Plan “C” y la reforma judicial, hay un movimiento político abriendo el poder judicial a la democracia. 

¿Qué sigue? pues no basta elegir a los jueces, en una de esas, las opciones para elegir a jueces y juezas no son óptimas. Ahorita todo el mundo, las compañeras y compañeros en el común, tienen que estar viendo una inmensa cantidad de perfiles de candidatos y candidatas, y preguntándose ¿quiénes son buenos para la Corte, magistraturas, para los juzgados de distrito?

El problema, después de 110 años de no discutir democráticamente la elección del poder judicial, la pregunta es ¿qué cosa es buena y qué cosa es mala para un tribunal?, esos son temas que todavía no empezamos a discutir con seriedad.

¿Cuál es la pertinencia de este proceso democrático? 

Nos dicen que no va a funcionar elegir a los jueces porque se supone que el derecho es una ciencia muy compleja, oscura y que solamente podrían conocer los iniciados y muy bien preparados en universidades. La respuesta popular a lo anterior es que el derecho no es lo mismo que la justicia, y que lo que queremos en los tribunales son personas que hagan justicia.

Entonces, ahí tú tienes un problema, ¿hay o no hay experiencias sobre elecciones populares judiciales? Sí, si existen, y aquí los más conservadores hispanistas de la sociedad mexicana podrían criticarme, pero yo soy feliz con esa crítica: el modelo original de la elección de jueces son los Estados Unidos de América, pues es una sociedad, que, en este aspecto, se construye desde abajo, donde los jueces no necesitan títulos universitarios en derecho, y algunos, como los de la Corte Suprema, alguna formación jurídica solamente.

O sea, ustedes piensen en la frontera de los Estados Unidos, y si quieren naturalizarla para México, imagínense la frontera de Lacandona, mientras los tseltales y los tzotziles van colonizando la selva, van construyendo comunidades políticas y también sistemas jurídicos. Y, aunque no estamos acostumbrados a decirlo, los colonizadores de la Lacandona también formaron jueces y un sistema de abogados que argumentaban problemas. Por eso es que en Chiapas una de las demandas naturales era el reconocimiento de los sistemas normativos. En la actualidad, los blancos criollos novohispanos seguimos defendiendo los pergaminos de las facultades, pero en estos momentos, disfrazados de kelsenianismo, positivismos, incluso de filosofía analítica del derecho, donde el derecho se convierte en fórmulas matemáticas, algebraicas, y entonces, eso es estar preparados.

A partir de lo anterior, yo plantearía incluso una reforma judicial más radical, ¿por qué no tenemos jueces legos?, jueces que la gente los elija, no porque sean mejores o peores abogados o abogadas, sino porque tienen criterios para resolver problemas.

Siempre hemos dicho, si el abogado debe luchar por el derecho, pero de repente se encuentra con una norma jurídica que es injusta, entonces tiene que luchar, no por el derecho, sino por la justicia ¿verdad?, ¿qué tal si el problema no está en el derecho nada más, sino en la realidad? Tú puedes tener una serie de normas dadas, en los libros, pero la realidad va a presentar siempre nuevos problemas.

Para ejemplificar, salto a un caso concreto que acaba de vivir la sociedad mexicana. Todos estamos de acuerdo que tenemos que proteger a los más vulnerables y los seres humanos más vulnerables son los recién nacidos. Tenemos un adolescente de 18 años que procrea con una compañera que tiene 22 años y no saben qué hacer con su hijo, es más, ni siquiera estaban seguros en qué mes de embarazo estaban. Entonces, ellos creen que están interrumpiendo un embarazo, y lo que ocurre es que está naciendo el niño y lo abandonan. Eso es un intento de homicidio, en los libros. 

Pero si tú ves la situación ¿dónde está la injusticia?, en qué estas personas atentaron contra la vida del recién nacido o, en qué ella que es la que está trabajando, no puede trabajar, ni va a conseguir empleo o, acaba de conseguir hace un mes un empleo en una panadería, pero si se enteran que está embarazada la van a despedir, y entonces ya no tiene ningún ingreso. Incluso, capaz de que a la pareja de jóvenes los corren de la casa del tío donde están arrimados, sin ingresos, sin lugar para vivir, en fin. ¿Dónde está la injusticia?

Bueno, en los dos lados obviamente, tenemos que proteger la vida del recién nacido, pero, ¿no deberíamos haber protegido también el desarrollo de esos dos jóvenes? Entonces, se les procesa penalmente, pero si vamos a los libros otra vez, probablemente les va a tocar una condena por el intento de homicidio, porque la buena noticia es que el recién nacido sobrevivió. 

Comparemos los dos casos. Por el intento de homicidio podrían ser castigados los jóvenes, igual que otro mexiquense, el Fofo Márquez, que nos avisó durante cinco años que era una persona agresiva, racista, que abusa del poder económico que acumuló su familia durante dos generaciones y que, un día pierde el control de sí mismo, y casi mata a una mujer, lo acusan de intento de feminicidio y lo condenan por la tentativa a 17 años de privación de libertad. 

El problema es que, si te vas solo a los libros y al derecho, tal vez, en una de las combinatorias, los jóvenes del primer caso que comenté, van a ser condenados de la misma manera y la misma sanción que al segundo caso. ¿Te parece que eso es justo? Por lo menos debería llevarnos a reflexionar.

¿Del derecho a la justicia social? 

El paradigma que teníamos hasta ahora, los últimos 30 años, es que tú tienes que preparar a expertos en derecho y a expertos en análisis de conflictos. Su formación se va realizando dentro de una escuela judicial, le vas haciendo exámenes internos que nunca son públicos, y vas escogiendo a los mejores. 

¿Cuál es el problema? la gente no entiende con qué criterios están formando a esos funcionarios.

Además, hemos ido descubriendo que los resultados de esa impartición de justicia no son óptimos, no nos benefician. Descubrimos con horror que el 90% de las resoluciones importantes de la Suprema Corte son en materia económica fiscal, es decir, solo los grandes empresarios que quieren evitar pagar muchos impuestos, pueden pagar abogados que con ese nivel de especialización en el lenguaje jurídico, puedan debatir, si les están violando su derecho a la igualdad fiscal.

En cambio, hay poquísimas resoluciones de la Suprema Corte en materia de derecho social, casi nada en materia de salud, muy pocas en materia ambiental. Y cuando una comunidad indígena, por ejemplo, logra llevar un asunto mediante amparo a la Suprema Corte, después de 12 o 15 años de litigio, la Suprema Corte resuelve nada más ese caso, y no termina de hacer precedentes y jurisprudencias fuertes respecto a estos problemas, es decir, que sean para todas las comunidades y que sean sustanciales sobre la defensa de sus derechos.

Entonces la gente plantea: «este poder judicial no nos está cumpliendo, están muy preparados, entendemos que el derecho es una cosa muy complicada, y ellos son los expertos, pero sus resultados son minúsculos en términos de la necesidad social».

La solución en primera instancia es, queremos abrir el sistema, en lugar de que exista una escuela judicial como único criterio, lo que queremos es introducir el voto popular, eso está bien.

¿Cuál es el problema? que el voto popular no puede ser nada más para la elección inicial. La reforma dice que casi todos los jueces después de 9 años deben, si quieren seguir adelante en su trabajo de jueces o juezas, someterse a otra elección. En estos momentos, nuestra Suprema Corte se elige por 12 años y no hay reelección. Aquí hay un inconveniente, necesitaríamos que otra vez el impulso democrático popular intervenga y diga, no sé, cada tres años, ¿cómo se ha comportado la ministra o el ministro?, y sometemos a revocación o a ratificación el mandato de estos funcionarios judiciales. Esto faltaría en el proceso que estamos. 

Pero faltan otras cosas, ¿cómo haces para que criterios de justicia popular se introduzcan en el sistema judicial? 

Uno, necesitaríamos tener personas que no necesariamente sean abogados, si ustedes revisan cómo están las cosas hoy, todos son abogados y abogadas, siendo alguno menos formalista que otro. Yo mismo podría decir que también estoy infectado del virus formalista, ¿por qué? porque fui formado en escuelas que son tradicionales. Entonces, lo primero serían los jueces legos que ya mencioné.

Segundo, no solo en materia penal, ahorita que lo voy pensando, en algunos asuntos como la honra, la libertad de prensa, los derechos de réplica, ¿no sería más favorable tener jurados? O sea, ¿quién es mejor para juzgar si ha habido ofensa sobre el honor de una persona, que la comunidad que rodea a esa persona? 

El derecho mexicano incluyó jurados en algún momento y las razones por las que los quitaron, si revisas los argumentos, siempre son de élite. Nos vuelven a decir: «es que el jurado no es experto en derecho.» No, no se trata que sean expertos en derecho, de lo que se trata es que sean gente del común, que apliquen criterios generales de justicia, y puede haber un experto en derecho, un juez, que tiene que ser en ese caso no lego. 

Digamos, una combinación un poco loca sería, tener jurado y un juez lego. Entonces ya no hay quien diga, «oigan, los libros de derecho dicen tal cosa, porque se necesita que haya alguna regla”. ¿Cuál es el problema? Las leyes, dirían los franceses más modernos, están ahí y el juez nada más las vuelve a referir cuando tiene un caso que resolver. A mí me gusta más el estilo anglosajón, la realidad, que puede tener muchas injusticias nuevas tiene que ser analizada, la juzgadora y el juzgador tienen que explicarle a la gente cuál es el problema y luego, entre todos, llegar a una conclusión. Si no tienes jurado, el entre todos debería ser con transparencia. 

Ahí terminaría ese punto con algo que ya hicimos en México. Nadie sabe bien por qué y si ustedes revisan, por ejemplo, Ana Laura Magaloni en algún momento, criticó que nuestra Suprema Corte tenga sus debates en público y en TV directa. Ella comenta que eso es terrible porque entonces hay una presión popular indebida sobre los ministros y ministras. 

No, yo creo que ese es un paso en la dirección correcta, porque imagínate, ya los elegimos, ahora vamos a ver cómo se comportan, y entonces va a ser muy importante ver con qué argumentos están discutiendo. 

No obstante, algunas cosas hay que cambiar. Si en estos momentos ustedes abren cualquiera de las páginas de debates de la Suprema Corte, probablemente van a caer dormidos.

¿Por qué?, porque la manera en que organizaron el debate que se filma es tremendamente

complicado, discuten las resoluciones y sentencias por partes. 

Pero, ¿qué tendríamos que hacer?, debates mucho más fluidos, donde se discuta la realidad y no solo la forma del derecho, y eso, paradójicamente, va a ir educando a la gente. 

Con eso terminamos, seguro, en otro paradigma del derecho.

El derecho no es algo que se creó por especialistas y luego se imparte a la gente, el derecho decía mi profesor Gutiérrez y González, es sentido común sistematizado, a través de la práctica, y la práctica tiene que ser comunitaria. 

¿Jueces como actores políticos o garantes de la legalidad?

Empiezo por el libro grandote que es la Constitución. La Constitución dice en lenguaje mexicano clásico, siglo XIX, que hay tres supremos poderes de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aparte los mencioné en el orden hispánico, primero el ejecutivo. Si fuéramos anglosajones diríamos primero el legislativo. El judicial siempre lo ponemos al final, es el tercer poder y es una cosa rara, porque luego se nos olvida que es un poder político. Entonces, si te vas hasta la cabeza del poder judicial, la Suprema Corte, por supuesto que es política.

Las cosas grandes que la Corte tendría que definir, por ejemplo, es cuando un gobernador de uno de los estados federados tiene que acudir ante un juez penal para explicar por qué se compró con 300 millones de pesos un departamento, cuando nunca tuvo un salario que pudiera justificar dicha compra. Fue el caso de Francisco García Cabeza de Vaca. Aparte había muchas otras acusaciones contra él, que, si no hubiera habido un manto de impunidad política sobre él como gobernador, el poder judicial también hubiera tenido esos casos para debatir y solucionar. 

¿Pero qué ocurrió? Pues que se demuestra que la Suprema Corte es un poder político, por supuesto que sí. La Corte tomó la decisión en este asunto de no decidir, le llegó una discusión sobre el fuero de ese gobernador. El poder legislativo de la federación le quitó el fuero, y entonces la Fiscalía General de la República trató de llevarlo ante un juez, pero el señor imputado mete una controversia constitucional diciendo: «no, no corresponde este juez, que lo resuelva la Suprema Corte» Y la Corte decidió no resolver nada, se tardó un año y medio, y cuando finalmente terminó el juicio, resulta que faltaban dos o tres días para que dejara de ser gobernador. Este caso, es una falta a las responsabilidades políticas de la Corte. No te tardas un año y medio en resolver un tema jurídico que también es político, para que, además, de manera casi natural se resuelva el conflicto porque se acabó el período de gobierno del imputado. 

¿Qué significa participar y hacia dónde vamos con este proceso de elección judicial?

Me parece que los electores y las electoras tienen enfrente un trabajo impresionantemente difícil. Es una elección donde no hay partidos, o sea no va a haber facilidad para identificar tal color e identificar por quién votar. 

Por lo tanto, van a tener durante esos dos meses que estar revisando qué es lo que estamos diciendo, proponiendo.

Cuándo vemos casos concretos, todo mundo se pregunta qué sería una resolución equitativa o razonable en justicia para este caso. En estos momentos estamos eligiendo a quienes van a tomar esas decisiones. Hace siglos, muchos siglos, en alguna de estas viejas codificaciones medievales se decía algo así como: no es que necesitamos buenas leyes, necesitamos tener como jueces a hombres, ahora diríamos, y mujeres, justos, equitativos, capaces de tomar decisiones. Eso es lo que tiene que hacer la gente, y es un trabajo difícil.

También por eso, lo que nosotros como candidatos y candidatas, lo que tenemos que hacer es estar diciendo de dónde venimos, cómo pensamos los problemas jurídicos, cómo hemos resuelto cuando hemos sido juzgadores, cómo podríamos resolver o cuál es nuestra opinión de la mejor resolución en casos presentes y futuros. Es la única manera de qué la gente que va a votar se vaya formando un criterio para la elección. 

Dicen que esto es imposible porque la gente no tiene la capacidad de entender tanta complejidad. No, sentido común sistematizado, eso es el derecho. Las personas van a ir descubriendo que no es tan difícil, y que detrás de todas las palabras rimbombantes del juridiquiñol que hablan los abogados y abogadas, hay cosas más o menos sencillas de entender, y con esos criterios, cada vez que tengamos una elección Judicial las cosas van ir mejor.