La Cátedra de Vivienda de la UPV advierte de que el chabolismo en Valencia «irá a más»

Esta advertencia se basa en la tendencia al alza del incremento de la población en la capital y alrededores, tanto por migración nacional como internacional, sumada a la escasa construcción de obra nueva. Además, Cos-Gayón indicó que el retraso del Consell en activar el conocido como «módulo dinámico» en la construcción de vivienda pública protegida (VPP, anteriormente concido como VPO) está lastrando el arranque de promociones asequibles. Cabe recordar que el decreto, con el que el Consell pretende acelerar la construcción de VPP, se aprobó en diciembre pero que su piedra angular, el módulo dinámico que decide e precio al que pueden vender los promotores, no se ha activado todavía.

Daniel del Pozo, managing director Idealista Data señaló en su ponencia que «la producción de vivienda de obra nueva que no es el cien por cien de la solución» sino «parte» de la misma. En ese sentido, indicó que en España se necesitarían 250.000 viviendas nuevas de aquí a 2039 y ha dudado de la capacidad de desarrollarlas «en todos los sentidos».

Crítica a los promotores

Además, aprovechó la presencia de promotores en el foro para mandarles un mensaje y advirtió de que con su planteamiento de vivienda, donde se quiere incluir servicios como «pádel y piscina» se extán excluyendo a una parte importante de posibles compradores. «Es absurdo que si se quieren vender o alquilar inmuebles asequibles se incluyan elementos que las encarecen. Salen estupendas, pero no tienen por qué tener determinadas cosas que encarecen la construcción y el mantenimiento de esas promociones», señaló.

Del Pozo, al igual que lo hicieron los promotores posteriormente, reivindicó que la Administración escuche al sector. «Estamos luchando para que tengan esto en su consideración. Vamos consiguiendo cada vez más que todos los datos estén sobre la mesa pero a veces nos dicen esto no toca o no conviene», declaró.

Durante el panel de expertos titulado ‘Viviendas nuevas, una necesidad social», se resaltado el papel de la administración y se ha precisado que es el verdadero promotor. «Nosotros sabemos hacer viviendas, vamos a hacer viviendas, pero el problema viene de mucho atrás. Nosotros podemos solucionar una punta, pero quien tiene que liderar la solución es la administración», pronunció la delegada en la Comunitat Valenciana Grupo Lobe, Alicia Mancheño, quien agregó que su sector no tiene «la culpa del problema que se ha generado».

Vicente Llácer, CEO Grupo Ática, lamentó también que la administración no escuche a estos profesionales. «Van cambiando cada cuatro años, o quizá menos, y nos van diciendo cómo tenemos que hacer. Tenemos que rebelarnos a la práctica habitual porque si no los jóvenes y no tan jóvenes no van a tener vivienda», declaró.

El director territorial Levante Metrovacesa, Pablo Andreu, aseguró que ha habido «una política de vivienda inexistente durante muchos años» y destacó que «ahora, revertir eso no es algo fácil ni algo que se pude resolver en el corto plazo», además de asegurar que eso se unen «las trabas históricas» y hablar de «una tramitación administrativa lentísima».

Promotores: «Los políticos no se atreven a convertir suelo dotacional para vivienda»

En esta mesa se planteó también la necesidad de mover suelo y se apuntó la posibilidad de aplicar «el desarrollo forzoso», al tiempo que se ha precisado que la administración es la que más tiene y se ha planteado la opción de movilizar suelos municipales y públicos –entre ellos dotacionales–. Según Llácer, ante el problema de la escasez de suelo residencial, una solución es convertir suelo dotacional en suelo residencial para poder destinarlo a la construcción de vivienda. «Pero luego no se atreven por cuestiones políticas», aseguró.

El director territorial de Levante Landco, Rubén Rojas, consideró que «es mucho más fácil actuar en el corto plazo para la administración sobre los suelos dotacionales, de lo que hay una cantidad de metros brutal». «El órgano promotor formal en cualquier planeamiento es el ayuntamiento, por mucho que haya una agrupación de propietarios que lo inicie o un agente urbanizador que pretenda gestionarlo», manifestó.

Rojas denunció que echa en falta «muchísima proactividad por parte de la administración» y, además, subrayó que «no se ha asumido ese cambio de rol» de que es «el órgano promotor». «Descansa en los propietarios, en el agente urbanizador, una responsabilidad que es muy importante», incidió.

Aunque Rojas asumió que es el el sector «el que va a empujar», exigió «coordinación», «agilidad a la tramitación urbanística» y la integración de servicios por parte de la Administración. «Si no hay liderazgo real de una Administración, con los distintos órganos sectoriales de distintas administraciones, es imposible sacar un planeamiento en un plazo razonable», agregó. «Es necesario alguien que integre», insistió.

Con esa misma música se pronunciaron el resto de promotores al afirmar que «no hay valentía» por parte de las administraciones. «Se entiende que tenga que estar acompañado por nosotros, o por el sector promotor, pero quien tiene que liderar un poco esta solución es ella. Nosotros haremos lo que sabemos hacer, pero ella debe tener clara qué estrategia, qué quieren hacer o qué problema quieren solventar», expusieron.

En el panel se ha hablado también de la colaboración público-privada. Mancheño señaló que la firma que representa ha llevado a acuerdo de colaboración en este sentido. Llácer consideró que ésta se activa «cuando hay algo electoral prometido, si te necesitan». «Solo si te has alineado con lo que ellos –los políticos– han prometido en su decálogo político, funciona», declaró.

En la ponencia inaugural, Cos-Gayón insistió en que uno de los síntomas más graves de esta emergencia habitacional es la proliferación de asentamientos informales en espacios públicos de la ciudad de Valencia. Desde hace más de dos años, la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV viene alertando públicamente del riesgo creciente de ocupaciones espontáneas y formas precarias de habitar en la ciudad ante la «ausencia de alternativas habitacionales reales». Lo que en su momento era una advertencia basada en datos y tendencias es hoy una realidad visible: pasear por el Jardín del Turia o por algunos márgenes de la huerta revela la consolidación de estructuras precarias.

Desde la Cátedra se ha señalado en sucesivos informes que la emergencia habitacional ya ha mutado en una amenaza estructural al modelo urbano, con graves implicaciones para la cohesión social, la salubridad, la seguridad y la dignidad humana. El congreso AIRE está organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politécnica de Valencia, que será la sede del encuentro, y la Cátedra Observatorio de la Vivienda.

«Frente al actual colapso del modelo, es imprescindible una acción decidida en tres frentes: activar de inmediato la promoción de vivienda protegida mediante la publicación del módulo dinámico de precios (Decreto 180/2024); aplicar incentivos fiscales a propietarios de vivienda vacía para movilizar su salida al mercado del alquiler, con protección jurídica garantizada; y reforzar la cooperación institucional y territorial, identificando suelo apto, agilizando licencias y estableciendo alianzas público-privadas estables», ha señalado Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda.

En la actualidad, en ocho de los 19 distritos de la ciudad ya no se registra ninguna promoción de obra nueva plurifamiliar, un síntoma claro de un modelo en crisis. Esta escasez estructural ha disparado los precios a niveles históricos: el precio medio en Valencia capital alcanza los 3.500 €/m², y hasta seis municipios del área metropolitana ya superan los 3.000 €/m². La presión de la demanda se desplaza así hacia zonas periféricas, generando una «contaminación» de precios que agrava las desigualdades territoriales y sociales.

«La vivienda es un derecho fundamental y un pilar de la cohesión social. Si no actuamos con determinación, Valencia se convertirá en una ciudad cada vez más inaccesible, desigual y expulsiva. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo: el conocimiento está disponible, las herramientas existen y las alianzas comienzan a consolidarse», ha añadido Cos-Gayón. El Congreso AIRE 2025 será, sin duda, un punto de inflexión para construir ese futuro justo, accesible y habitable que la ciudadanía merece.

La IX edición de AIRE reune a más de 30 ponentes y representantes institucionales, entre ellos la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana y Sareb, junto a investigadores, técnicos y profesionales del sector. La finalidad es dar respuesta a la urgente necesidad de vivienda asequible desde una mirada científica, social y estratégica. La caída continuada de la oferta de obra nueva, unida al crecimiento demográfico y la escasa disponibilidad de vivienda protegida, ha generado una presión sin precedentes sobre el mercado inmobiliario.