La Justicia en España, un problema político permanente e insoluble

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Jueces y fiscales de todas las asociaciones judiciales conservadoras han salido a las puertas de tribunales y audiencias para realizar en la calle una protesta de diez minutos. Se movilizaron para oponerse a la reforma que cambia un poco el sistema de acceso a la carrera judicial y la otra reforma que refuerza el papel de los fiscales en el proceso penal. Tampoco es una novedad. Ya lo hicieron cuando se estaba tramitando la Ley de Amnistía. Sus argumentos de la protesta actual son prácticamente idénticos a los del Partido Popular. No creo sea necesario señalar que el estamento judicial es claramente conservador. Jueces de mucho renombre son prueba de ello: García Castellón, Peinado, Hurtado… Ahí van unas pruebas incuestionables:

– Palabras de Fernández Díaz, ministro del Interior y el director de una Oficina Antifraude, De Alfonso, poniendo de manifiesto los tejemanejes con la Fiscalía. Fernández Díaz quería investigaciones sobre los líderes independentistas en los medios. Daniel de Alfonso reconocía que no tenía nada sólido.

De Alfonso: Es que ahora no lo tengo cerrado, ni asignado…

Fernández Díaz: Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión…

De Alfonso: Si la Fiscalía me dice, oye lo he leído, yo entonces cierro los informes, los tengo hechos ya…En tres semanas…

Fernández Díaz: Es un torpedo bajo la línea de flotación, eso te lo aseguro, en estos momentos…pero que sea la semana que viene…

– Conversación entre Ignacio González a Eduardo Zaplana:

Ignacio González: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué tal…Y escucha, tenemos un juez provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted p’acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente, Pero, ¿qué te cuesta eso? Y a este tío lo pones a escarbar cebollino, joder, y ya está y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño…» El juez provisional era Eloy Velasco. No iba mal encaminado González, porque volvió el juez Manuel García Castellón, el cual tomó después la decisión de autorizar la salida de la cárcel de Ignacio González, en noviembre de 2017. Ignacio González había solicitado en varias ocasiones su excarcelación  y, finalmente, la consiguió cuando García Castellón consideró que el riesgo de fuga y de reincidencia habían desaparecido.

El juez Hurtado en 2018, dos años antes de ascender al órgano al que todo juez de lo penal aspira, la Sala II del Supremo, firmó el voto particular del primer juicio contra la Gürtel exculpando al PP, partido al que sus compañeros condenaron como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. En el día que le tocó testificar a Mariano Rajoy, planteó grandes dificultades a los abogados a la hora de formularle las preguntas a Rajoy porque la mayoría de ellas consideró que no eran preguntas pertinentes. Fue vergonzosa la manera de interrumpir las preguntas a los abogados. Este es el juez que lleva meses investigando la filtración del Fiscal General del Estado. Confío que investigue también otra filtración, que describo a continuación.

Antes de que saliera a la luz en las últimas horas, la supuesta existencia del informe de la UCO que supone la imputación de Santos Cerdán ya llevaba semanas en múltiples bocas. Es más, la periodista Pilar Gómez, directora de Artículo 14 ha reconocido que la UCO filtraba esta información a los medios antes de llevarlo al Supremo.»Me ha llamado la atención que realmente este informe tan demoledor como nos hacían llegar desde la UCO a los periodistas…«, decía la profesional en su conexión con Todo es mentira. Sus palabras sorprendían a Marta Flich, que las recuperaría más tarde para preguntarle directamente: «Perdona que vuelva a una cosa que has dicho. Has dicho ‘como nos decía la UCO a los periodistas’. Está información las teníais antes de que estuviera en el Supremo. ¿Acabas de decir que vuestra fuente era la UCO cuando estaban haciendo ese informe?«.Gómez no daba un paso atrás y se reafirmaba: «Yo te digo que soy periodista y los periodistas vivimos de las filtraciones. Es nuestro trabajo aunque ahora se intente poner en duda», defendía. «No, no, como lo has dicho tan directamente«, expresaba su sorpresa. «Yo me he firmado la noticia y en ella pongo ‘fuentes de la UCO’. Mi deber es decirlo, si no, yo no me puedo inventar ese informe, como comprenderéis«, se mantenía firme. Pablo Echenique, que se encontraba entre el plantel de los colaboradores, subrayaba que, en estos casos, «el periodista no tiene el problema» sino «la gente que lo filtra«. «Para esa gente no rige la misma ley que para el fiscal general del Estado. ¿Va a investigar a los agentes el juez Hurtado?» El problema es que si la UCO filtra algo que favorece a la derecha, no pasa nada, eso es periodismo de investigación, pero si filtra el fiscal (que realmente parece que no) algo que perjudica a la derecha, es algo intolerable.

Retorno a la protesta de jueces y fiscales. Evidentemente que tiene un carácter político. Sin embargo, miembros de esas asociaciones han recalcado que su protesta es “apolítica”, una definición que provoca perplejidad. Es alucinante tal afirmación. Si no hacían política, ¿qué hacían? ¿Jugar al mus? En un comunicado, las siete asociaciones convocantes alegan que las reformas propuestas por el Gobierno buscan convertir al poder judicial en “un poder más débil en su función de contrapeso del poder político”.

Les molesta extraordinariamente la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, que ahora es únicamente oral y basada en aprender de memoria durante varios años todos los textos legales básicos. También están en contra de regularizar a los jueces sustitutos, la mayoría mujeres, que cubren bajas y se ocupan de juzgados en situaciones precarias. Hay un cambio que afecta al bolsillo de algunos jueces y catedráticos. Se prevé montar un centro público en el que preparar las oposiciones. Ahora, esa ayuda está monopolizada por aquellos que dan clases particulares a los aspirantes. Y hacen negocio.

Tal como describe en Agenda Pública, el ministro Bolaños, la reforma planteada apunta en la dirección correcta para modernizar un sistema de selección judicial anquilosado en el pasado. Como señala Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid  también en Agenda Pública, el modelo actual de oposiciones basado en la memorización brutal de 328 temas es «manifiestamente mejorable» y anacrónico para pleno siglo XXI.

La reforma que plantea el Gobierno es un paso hacia la profesionalización real de la judicatura española, que merece ser respaldado por encima de intereses corporativos

El Gobierno, además, creará 1440 nuevas plazas de jueces y fiscales hasta 2027, que se añaden al reciente anuncio de cincuenta nuevas plazas de jueces y cuarenta y dos de fiscales especializados en violencia de género —una necesidad acuciante dada la sobrecarga de los tribunales—. La reforma introduce elementos prácticos en la evaluación y busca democratizar el acceso mediante la formación pública. El sistema actual, que obliga a los candidatos a pasar más de cinco años memorizando sin ingresos y pagando a preparadores privados, funciona como una barrera económica que excluye a las familias que no se lo pueden permitir del acceso a la carrera judicial. «El sistema vigente no elige necesariamente a los mejores futuros jueces, sino a aquellos opositores que tienen una mayor capacidad de memorización, una habilidad que, siendo necesaria cierta inteligencia, no garantiza las competencias reales que requiere la función judicial: interpretar, aplicar el derecho a casos complejos y redactar argumentaciones sólidas. La reforma de Bolaños, inspirada en modelos exitosos como el MIR médico, invierte la lógica temporal: menos años de preparación memorística y más formación práctica selectiva. Es un paso hacia la profesionalización real de la judicatura española, que merece ser respaldado por encima de intereses corporativos. La resistencia corporativa a estos cambios revela un conservadurismo preocupa. No es una novedad en nuestra historia, como veremos.

Un intento fallido para la reforma del sistema de selección de jueces lo planteó Mariano Fernández Bermejo, jurista antifranquista, fiscal desde 1974, Fiscal en Jefe de Madrid desde 2003, fue nombrado Ministro de Justicia en 2007 en el primer gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Varias fueron sus iniciativas para modernizar la justicia, pero una destaca por encima de todas: la propuesta de reformar el sistema de selección de jueces. El Ministro planteó que parte de los nuevos jueces fuesen reclutados entre los estudiantes de derecho con mejor expediente. «La clave es pescar donde lo hacen los despachos de abogados. No sé por qué nos tenemos que dejar pisar. Hay que hacer una buena oferta y después, proponer una formación seria, en la que quienes hayan acreditado unos conocimientos se formen en la vida, los valores y la práctica», defendía. La propuesta también apuntaba a la escuela judicial y buscaba que la formación estuviese «impregnada de vida». «Que aprendan alguno de los idiomas que no son oficiales en España y conozcan las instituciones comunitarias, que pasen por las urgencias de los hospitales y vean lo que es la vida, que conozcan la fuerza social del trabajo al lado de los empresarios y de los sindicatos», insistía. Pese a negarlo, el Ministro estaba intentando revolucionar la selección y formación de jueces. Y lo estaba haciendo, además, afirmando «yo no busco la complicidad de los jueces. No me preocupa lo que digan esos sectores». Su propuesta abrió la caja de los truenos y un periodo de conflictos entre gobierno y jueces alimentados por la propuesta, la falta de medios y la actitud de un gobierno, que en palabras de muchos jueces y políticos, amenazaba la independencia judicial. El final de este episodio lo conocemos: Manuel Fernández Bermejo dimitió al conocerse que había participado con el magistrado Baltasar Garzón, quien entonces investigaba la corrupción del PP, en una cacería en Andalucía. No es difícil concluir que uno de los factores más importantes que forzaron la dimisión del Ministro fue la propuesta de modernización del sistema de formación por su potencial disruptivo de una cultura y una estructura de poder que viene reproduciéndose desde hace décadas y que beneficia no solo a una forma de entender la justicia sino a personas concretas de la alta magistratura.

El estamento judicial en España ha sido contrario a cualquier tipo de reforma por su carácter conservador

El estamento judicial en España ha sido contrario a cualquier tipo de reforma por su carácter conservador. Miremos por el retrovisor la historia. Según Alfons Aragoneses jurista, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona, en 1978 se reinstauró la democracia, por lo que se debía suponer un punto de ruptura con la vieja cultura judicial. Pero no fue así. Interesa destacar la falta absoluta de reforma institucional: no hubo ningún tipo de depuración, como en otras transiciones, ni jubilaciones masivas, ni reformas profundas en ningún ámbito del poder público. La justicia no fue ninguna excepción. Como señalaba el periodista Bonifacio de la Cuadra en 1993, «a diferencia de lo ocurrido en los otros dos poderes, la transición no buscó demócratas para que organizaran el poder judicial democrático». La falta de una depuración exhaustiva se vio agravada por la endogamia del sistema judicial, sus mecanismos de socialización y reclutamiento internos, y su arraigado espíritu de cuerpo. Por lo explicado hasta ahora hay todavía algunos ámbitos de lo que llamamos justicia en la que encontramos continuidades del pasado. No significa que haya jueces o magistrados de ideología franquista-alguno queda todavía- sino de la pervivencia de una ideología y cultura profesionales que se desarrolla sobre todo bajo el franquismo y que, desgraciadamente, sobrevive a la transición. La vieja cultura jurídica sobrevive a las reformas legislativas por el sistema de selección y formación de jueces, que permite la reproducción de la vieja cultura jurídica generación tras generación. Naturalmente que la situación de la Justicia en España ha cambiado con respecto a la dictadura y los primeros años de la democracia. En la actualidad el 57,2% de los jueces y magistrados son mujeres (3.101), frente al 42,8% de hombres (2.315), según los últimos datos publicados por el CGPJ, sin embargo, esta cifra no está representada proporcionalmente en los más altos cargos de la Justicia. Hoy ya una mujer preside el Consejo General del Poder Judicial. La mujer en España dada nuestra trayectoria social y política en el pasado ha tenido muchas dificultades para equipararse a los hombres en muchos aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Y, especialmente, en el ámbito de la Justicia. En 1981 Margarita Robles Fernández aprobó las oposiciones con el número 1 y en 1991 fue la primera en alcanzar una Presidencia de Audiencia Provincial, la de Barcelona. Y Milagros Calvo Ibarlucea, que accedió en 1979 a la carrera fiscal, y posteriormente al Cuerpo de Magistratura de Trabajo, se convirtió en 2002 en Magistrada del Tribunal Supremo, destinada en la Sala de Social: la primera Magistrada del Tribunal Supremo. El acceso de las mujeres a estos puestos de la Judicatura no ha estado exento de comentarios sexistas por parte de cargos judiciales desempeñados por los hombres. En la Revista de Género e Igualdad, 2001, 4, 18-3, en el artículo Judicatura, Abogacía e Igualdad de Género, de María Dolores Fernández Galiño, Magistrada en servicios especiales de la Audiencia Provincial de A Coruña y de José Fernando Lousada Arochena,  Magistrado especialista de lo social del TSJ/Galicia, aparece la siguiente anécdota referida a Margarita Robles Fernández (recogida por Milagros Otero Parga, 2013, p. 463), un respetabilísimo forense tenía la costumbre de regalar un libro al primero de la promoción, eligiendo la obra de Salvador de Madariaga Mujeres españolas y felicitando en la dedicatoria a la nueva juez, aunque le recordaba que no olvidase que lo más importante para ella debía ser convertirse en una buena esposa y madre; al segundo de la promoción le compró El Quijote, y escribió en la dedicatoria su reconocimiento por la caballerosidad que había demostrado cediéndole el primer puesto a su compañera. Tampoco esa concepción de la mujer durante la dictadura franquista era exclusiva por parte de los varones jueces, estaba, y, sigue estando todavía, en una buena parte del imaginario colectivo de los varones españoles.

Pero sigamos mirando hacia atrás en nuestra historia. Hablemos de la Justicia en tiempos de la Segunda República, recurriendo a las ideas expresadas por Rubén Pérez Trujillano, gran experto sobre el tema con una abundante bibliografía. De las conclusiones de su libro Jueces contra la República. El poder judicial frente a las reformas republicanas, expongo las siguientes ideas. La República estableció un régimen constitucional. La Constitución aprobada en 1931 tenía un valor normativo que debía ser aplicado por una administración de justicia a la que se reservó un papel decisivo en la construcción institucional del nuevo Estado. Los jueces y fiscales, por lo tanto, estaban llamados a desempeñar un protagonismo estelar en el cumplimiento, custodia y protección de toda la batería de derechos que, por primera vez en la historia, se empezaban a reconocer a la ciudadanía española. Laicismo, autonomismo regional, de la función social de la propiedad de la tierra, del divorcio. Por lo tanto, el Poder Judicial fue el gran interpelado de la II República. Sin embargo, su decisión fue no acompañar esos cambios. La historiografía sobre la Segunda República ha podido sentir la necesidad apremiante de atender al problema militar. La pólvora atrae más que la tinta. Ahora bien, estamos ante una falsa dicotomía. Al igual que no pueden confundirse, no puede ignorarse que están atados por una misma lógica. La acumulación de conocimientos obliga a constatar que el militar y el judicial son dos caras de un mismo problema: el de la reacción al intento más serio y formidable de construcción de un Estado constitucional en España. No en balde, queda patente que la reacción –judicial en este caso– actuó contra reformas meramente –o eminentemente republicanas, y no a consecuencia de unas hipotéticas derivas revolucionarias del régimen republicano. En este sentido, los jueces no sólo secundaron las derivas contrarreformistas y a menudo desrrepublicanizadoras que echaron a andar durante el segundo bienio. En muchos casos, se anticiparon a ellas. Si los militares sublevados en julio de 1936 –a los que usualmente se atribuye la categoría de verdugos– podrían haber cosechado el éxito a falta de la praxis togada que los precedió y acompañó es algo que no admite una respuesta unívoca. Es contrafáctico, si se quiere. Lo irrefutable es que una y otra secuencia, una y otra terapia, uno y otro proceso, uno y otro juicio final no pueden desligarse. El ruido de togas y el ruido de sables coincidieron, se solaparon, se tocaron. Rara vez se negaron mutuamente. La sanguinaria vehemencia del segundo pudo quitar importancia a la elegancia y la retórica del primero. Pero los sujetos políticos y sociales de la época reconocieron y denunciaron el problema judicial, lo que muchas veces fue objeto de represión penal.

Reconociendo la problemática inherente al uso de las analogías históricas, a veces nos pueden proporcionar alguna luz para entender el presente. En una entrevista reciente realizada a Iván Pérez Trujillano se la hace la siguiente pregunta: Cualquiera podría encontrar similitudes en la Segunda República con el comportamiento actual del Poder Judicial respecto al legislativo y al ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?

– Sí, en tanto en cuanto se aprecia la existencia de operadores jurídicos que anteponen su concepto de ‘unidad patriótica’ y sus valores ideológicos al derecho, las libertades y los poderes democráticamente concretados en el ordenamiento constitucional. Esto también sucedió en los años republicanos, pero a día de hoy quizá se ha producido una mejoría técnica y el discurso no es tan descarnado.