Las denuncias por ocupación de viviendas se multiplican por seis en la Comunitat desde 2010

Este incremento se produjo en los mismo términos a nivel nacional, puesto que el número de denuncias por ocupación ilegal en España también se multiplicaron por seis desde 2010 al pasar de 2.702 a las 16.426 de 2024. «Y la mayoría de estas 1.800 denuncias en la Comunitat Valenciana las hacen pequeños propietarios que tienen una segunda residencia. Incluso hay casos de personas mayores que tienen ocupada su única vivienda porque ellos se encuentran en una residencia, la cual pagaban con el alquiler de ese inmueble hasta que se la ocuparon o dejaron de pagarle», señala Mazón.

El plan integral busca «prevenir, combatir y reducir» la ocupación e ‘inquiocupación’ de viviendas e incluye el nuevo teléfono 012 para la atención específica de personas afectadas. Se crea una oficina antiocupación que actuará como coordinadora con las 37 oficinas existentes de atención a víctimas de delitos y las sedes municipales del Justiprop, donde además se ofrecerá un acompañamiento psicológico especializado y asesoramiento legal.

Mazón ha dado a conocer el plan tras mantener una reunión este jueves con la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez.

El plan integral, en el que participan de forma coordinada estas conselleries, abarca la ya anunciada creación de una oficina de atención a las víctimas de ocupación, con un ‘call center’ para la atención inmediata a través de un teléfono gratuito 012, ha detallado Mazón.

También se contempla el asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para los propietarios a través de la existente red de 37 oficinas de asistencia a víctimas del delito y las 66 oficinas municipales Justiprop. Así, habrá «103 puestos especializados en toda la Comunitat Valenciana para acompañamiento, atención psicológica y legal». «Estamos humanizando el apoyo a las víctimas de la ocupación ilegal», ha destacado Mazón.

Formación especializada

El jefe del Consell ha explicado que «cada persona que sufra una ocupación va a tener desde estas oficinas un acompañamiento desde el primer momento». Ha detallado que el personal de estas oficinas ya se ha estado formando para poder atender de manera especializada a las personas afectadas. Los abogados en las oficinas municipales recibirán formación a través de los colegios profesionales.

Otra de las medidas es la elaboración de protocolos antiocupación para las actuaciones de policías y empleados públicos y la redacción de una guía informativa de cómo prevenir la ocupación y actuar frente a ella, que se promocionará en los ayuntamientos a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y un acuerdo con los administradores de fincas para difundir el protocolo.

Mazón también ha explicado la puesta en marcha de formación dirigida a policías autonómicas y locales a través del Ivaspe para ofrecer asistencia inmediata. Este programa empezará el mes de junio.

Igualmente, se habilitará en el 112 un protocolo que coordine a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «efectuar las denuncias y acudir a las viviendas de manera inmediata para iniciar el proceso de recuperación exprés». Además, se incluye un acuerdo con el Decanato de Registradores de la Propiedad para que la Policía pueda saber de forma telemática y «al momento» quién es el propietario de un inmueble. Asimismo, Mazón ha incidido en la coordinación de Servicios Sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad«.

El ‘president’ de la Generalitat ha subrayado que, en este plan, la administración autonómica despliega «al máximo todas las competencias» que tiene en la materia, pero que se «se debe hacer mucho más» y tomar medidas que competen al Gobierno central y a las Cortes Generales.

Mazón ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda estatal porque, según ha criticado, la normativa ha «sacado viviendas del mercado del alquiler al desproteger a los propietarios» y restarles seguridad jurídica.

También ha defendido una reforma normativa para agilizar los procedimientos judiciales, reduciendo los plazos de los juicios verbales de desahucio. Ha reivindicado que se refuerce la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para agilizar las intervenciones inmediatas. Igualmente, ha pedido desgravaciones para inmuebles ocupados y que se elimine la tributación en los casos de rentas impagadas.

El presidente de la Generalitat ha aseverado que la ocupación y la ‘inquiocupación’ «no son problemas menores» sino que están generando un «elevado grado de alarma social, desconfianza y deterioro de la convivencia y del mercado de la vivienda», además de afectar a «derechos fundamentales como el de la propiedad y la inviolabilidad del domicilio».

Mazón ha dicho que ha habido 15.000 casos al año de inquilinos que no abonan el alquiler según asociaciones de propietarios afectados. En la misma línea, ha señalado que cuando empezó la actual legislatura «más de 1.800 viviendas públicas estaban ocupadas».

Mazón ha responsabilizado al anterior gobierno autonómico porque «no hizo nada para evitarlo y corregirlo». Así, ha afirmado que durante ocho años «no se hizo nada» ante la escasez de vivienda y que el Botànic «no entregó ni una vivienda social y torpedeó con saña los desarrollos urbanísticos».

Por contra, ha destacado más de 300 ayuntamientos se han adherido ya al Plan Vive, ha destacado las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y ha expuesto que en 2024 se han licitado más de 1.600 viviendas protegidas, con la previsión de que en 2025 se ejecuten 2.000, avanzando «a buen ritmo» hacia el objetivo de impulsar 10.000 viviendas públicas y de protección social en esta legislatura.