Los autónomos proponen al Gobierno una subida de cuotas a tres años ligada a la inflación

Esta es una de las diez propuesa que ATA pone sobre la mesa del diálogo social para los trabajadores por cuenta propia. Las restantes se centran en mejorar la protección social porque, en palabras de esta patronal, «hay desigualdad entre cuenta ajena y propia». En la actualidad, los autónomos, a diferencia del resto de empleados, no cuentan con subsidio para mayores de 52 años, no están cubiertos ante efectos climatológicos adversos, no disponen del permiso por lactancia que sí disfrutan las asalariadas, se les sigue cobrando la cuota en caso de enfermedad grve y no se les respeta el SMI en caso de embargo por deudas con la Seguridad Social.

Estas son algunas de las denuncias que el departamento de Amor detalla en cuatro folios y a las que pone remedio en un decálogo «como imperativo para que la Administración cumpla con su compromiso». Además del sistema de cotización indexado al IPC, ATA exige que la Agencia Tributaria informe al autónomo de sus rendimientos computables antes de llevar a cabo la regularización, ya que «a día de hoy no se puede recurrir si hay error en los rendimientos», explican. Asimismo, exigen que los pluriactivos coticen en el RETA sin posibilidad de exceder la base máxima y que los autónomos familiares y societarios puedan mantener su base de 2022.

«El espíritu del Pacto de Toledo y del Diálogo Social no era únicamente aumentar la contribución, sino —recalcan— también acercar la protección social de los autónomos a la de los trabajadores por cuenta ajena», recuerda el equipo de Amor.

A principios de esta semana, el equipo de Saiz reunió en la sede de su ministerio a sindicatos y representantes de las principales organizaciones de autónomos, entre los que se encontraba ATA, para alcanzar un acuerdo sobre el cumplimiento del sistema de cotización por ingresos reales de estos trabajadores. Desde la Federación afirman que ya cumple desde enero de 2023 y que el acuerdo alcanzado «estableció una senda de transición de nueve años con revisiones trienales para evaluar y ajustar el sistema, no una subida lineal y predeterminada de las bases».

Saiz defendió que la propuesta tiene el objetivo de «llevar a cabo lo que ya se acordó y se votó» en 2022. Seguridad Social presentó una subida de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031, que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros el próximo año y de 796 euros para quienes superen los 6.000 euros al mes.

La patronal de los autónomos denuncia que se trata de una revisión trienal «a ciegas», sin disponer de las proyecciones económicas consolidadas para 2024 y 2025. Además, denuncia que la propuesta «está impulsada por un afán recaudatorio y desvía la atención del verdadero incumplimiento: la falta de protección social equiparable para los autónomos».

Desigualdad entre cuenta ajena y propia

La respuesta de ATA a las palabras de Saiz, recogida en cuatro folios y un decálogo, recuerda también al Gobierno que la propuesta de reforma de actividad no contenta a los trabajadores por cuenta propia. Seguridad Social puso sobre la mesa la reforma del cese de actividad para lograr «un reconocimiento más rápido y homogéneo, evitando diferencias entre mutuas, para facilitar el acceso a la prestación». Sin embargo, según los cálculos de la patronal, supondría que se deniegue esta prestación en un 40% o 50%, frente al 60% actual. Insuficiente para ATA. «Dista mucho de ser una protección real y efectiva comparable a la prestación por desempleo», apostillan.

Desde ATA insisten en que no se oponen a las revisiones del sistema, pero reclaman que cualquier modificación se base en criterios objetivos, vinculados a la evolución de los precios y a la realidad económica de los autónomos. La organización subraya que la sostenibilidad del sistema «no puede sostenerse únicamente a costa de quienes emprenden y generan empleo», y pide al Ministerio que el diálogo social «no se limite a ajustar cuotas, sino que sirva para avanzar en una protección justa y equiparable».