Los fondos disparan su interés por la compra de vivienda en Valencia

En el registro constan 3.156 viviendas vacías, una cifra que, no obstante, dista mucho del parque real según advierten desde el sector inmobiliario pero que sirve como síntoma revelador del mercado. «Probablemente en el registro se inscriban grandes compañías o fondos por cumplir la ley pero es fácil que los pequeños inversores no se estén dando de alta en ese registro, porque 43 grandes tenedores en la Comunitat nos parece una cifra ridícula», asegura el portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapiv), Vicente Díez.

Según indica Díez y otros actores cercanos al sector inmobiliario, este incremento puede deberse a que la Comunitat está ganando atractivo respecto a otras comunidades como Cataluña, donde se están estableciendo límites a las rentas del alquiler. Se apunta, además, a que podría estar detrás un posible efecto dana. «Podría ser que se hayan incrementado los grandes propietarios que han comprado plantas bajas arrasadas a personas a las que no les salía a cuenta o no podían reformarlas», señala Díez.

El municipio de la Comunitat con más viviendas vacías en manos de fondos e inversores es Moncofa, con 177, le sigue Castellón con 103 y Alzira, con 100. Valencia capital tiene inscritos 97 inmuebles vacíos en manos de grandes propietarios. Estos números son cambiantes, puesto que en cuanto las viviendas salen al mercado el titular debe comunicarlo a la Generalitat a través del registro.

Este Registro está operativo desde principios de 2023 y se regula mediante el decreto 130/2021, de 1 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas. El objetivo de este registro es que la Administración tenga conocimiento de cuántos grandes propietarios tienen viviendas deshabitadas para que si no las sacan al mercado del alquiler en seis meses, sean sancionadas. Además, los titulares de este registro deben pagar un impuesto por vivienda vacía.

Fondos, grandes inmobiliarias y Sareb

Otro dato revelador es que el 45% de compraventas no requieren financiación, lo que «da a entender que son futuros inversores o inversores», según indicó el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, Lluis Planells, durante la presentación del informe de Coapiv sobre el mercado valenciano en el primer trimestre.

Algunos casos han saltado a la arena mediática por su polémica, como el del fondo Ktesios, quien trató de comprar por 9 millones de euros 134 viviendas de protección oficial (VPO) de la pedanía de La Torre, algo que finalmente impidó el Ayuntamiento de Valencia al ejercer el derecho de tanteo y retracto. Detrás de multitud de estas viviendas que aparecen en el registro se encuentra la Sareb, que es uno de los principales grandes tenedores de la Comunitat Valenciana.

Cabe recordar que este registro no es obligatorio para los pequeños propietarios, es decir, aquellos con menos de diez inmuebles, por lo que es una regulación que afecta especialmente a bancos y fondos.

La Conselleria de Vivienda ha explicado en varias ocasiones a este diario que no es partidaria de multar a estos titulares que lleven más de seis meses sin sacar uno de estos inmuebles al mercado, ya que, según indican, basta con que paguen el impuesto por vivienda vacía, que en lo que va de año, hasta abril de 2025, suma dos millones y medio de recaudación.

No obstante, el decreto contempla la imposición multas coercitivas para aquellos casos en los que, después de seis meses de haberse inscrito en el registro de viviendas vacías, mantienen esos inmuebles fuera del mercado de la vivienda. Es decir, sin ponerlos en venta ni alquiler.

Si pasado el medio año desde que se registra el inmueble sigue su condición de deshabitada, la Generalitat debe sancionar con una cuantía equivalente al precio mensual por metro cuadrado de un alquiler establecido para las viviendas de protección pública multiplicado por el número de metros cuadrados útiles de superficie y por la cantidad de meses transcurridos desde el anterior pago.