Seguridad Social también abre la puerta a mejoras en el paro de los autónomos

El Ministerio de Seguridad Social recoge el guante lanzado, por la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, y abrió este martes la puerta a reformar el cese de actividad de los autónomos después de que así lo pidiera la ministra de Trabajo el día anterior. «Hay que hacer un seguimiento, hay que evaluarlo», admitió el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, en rueda de prensa, tras las palabras de Díaz defendiendo que hay «margen de mejora».

Sin embargo, quiso recordar que la actual regulación de esta ayuda dirigida a los autónomos con dificultades económicas data del año 2022, es decir, hace cuatro días. En aquel año se estableció por real decreto una nueva regulación para mejorar la protección de los autónomos en el desarrollo de su actividad y en el que se buscaba introducir aspectos clave de protección tras las experiencias viviendas en la pandemia de la covid-19 y la erupción del volcán de la Palma.

En este sentido, el número dos del ministerio destacó que la nueva regulación que se impulsó para adaptarla a circunstancias imprevistas se hizo en el marco del diálogo social, por lo que, una vez se concluya el proceso de regularización de la cuota de autónomos de 2023, se volverá a acudir al mismo para encontrar elementos que mejoren esta protección social.

«Es un buen momento para sentarse y, de forma consensuada, con diálogo, con intercambio de opiniones, tratar de encontrar los elementos que nos permitan mejorar esta protección social como estamos haciendo con todas las prestaciones del sistema», defendió.

Las 37,5 horas, ya en 2026

Quien también habló de cambios, aunque en este caso en la ley para reducir la jornada, fue su homólogo del Ministerio de Trabajo. No obstante, Joaquín Pérez Rey volvió a dejar claro que no modificará el texto acordado con los sindicatos para cambiar la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas, que se mantiene con un plazo tope del 31 de diciembre de 2025, pese a que el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) aconsejaba flexibilizar este plazo para que empresas de determinados sectores puedan adaptarse. A lo que sí se abrió el secretario de Estado es a flexibilizar este plazo hasta final de año para que también puedan adherirse las pequeñas empresas que están fuera de convenio, aunque se trata de un «grupo muy reducido».

Las modificaciones que introducirán antes de que vuelva al Consejo de Ministros son además para «dejar meridianamente claro» que esta norma afecta también a las empleadas del hogar.